12 de Mayo de 2011
Los grupos del Congreso han respaldado mayoritariamente el proyecto de ley de reforma del Arbitraje. La Ley que reducirá los costes de los tribunales y las cargas que vienen soportando, entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE. Su objetivo: el impulso de sistemas alternativos de resolución de conflictos y la reducción de costes y carga de trabajo de los tribunales, conseguir mayor rapidez vía resoluciones por laudos dictados por árbitros designados por las partes en conflicto. Esta reforma potenciará el uso del arbitraje y podrá ser utilizada para resolver controversias jurídicas surgidas entre la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos o entre éstos (dos o más entre ellos). Esperemos que como se pretende se puede llevar a cabo cierta reasignación de funciones judiciales relacionadas con el arbitraje.
Los cambios que lleva a cabo esta ley dan nueva redacción al artículo 8 de la Ley de Arbitraje y vuelve a modificar la LEC de 1881, permiten que se pueda someter a arbitraje las impugnaciones de acuerdos sociales de sociedades, y buscan el aumento de la seguridad jurídica de estos procedimientos, así como su eficacia basándose en la experiencia obtenida en los últimos años.
