Esta mañana nos han despertado los noticiarios con la magnífica noticia de que a pesar del Covid-19, «en los primeros seis meses de este año se han presentado un 43% menos de Concursos de Acreedores que en el año 2019, lo que es un signo positivo de la recuperación de la economía…»
En la escuela de los años cincuenta nos enseñaron lo que entonces se llamaban números homogéneos y heterogéneos, explicando con claridad que dos manzanas más seis peras no suman ocho, porque no se pueden sumar las manzanas con las peras, ni comparar la venta de manzanas respecto del total de venta de frutas del mercado municipal.
Comencemos por aclarar que el día 14 de marzo se declaró el estado de alarma, cuando solo habían transcurrido apenas dos meses y medio del año 2020.
Añadamos ahora que en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, dentro del Capítulo II se establecen dos normas que tratan de atenuar temporal y excepcionalmente las consecuencias que tendría la aplicación en la actual situación de las normas generales sobre disolución de sociedades de capital y sobre declaración de concurso, de modo tal que se permita a las empresas GANAR TIEMPO para poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas, ya sea por la recuperación de su actividad ordinaria o por el acceso al crédito o a las ayudas públicas.
Y fíjense ustedes que párrafo final tan interesante:
De esta forma, se amplía la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020 y se prevé que a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas no se computen las del presente ejercicio.
Por si no se entiende bien, el 30 de diciembre de 2020 se habrán presentado por lo menos el 90% menos de concursos de acreedores que el año pasado, pero ello no quiere decir que el dato sea bueno, sino que no se conocerá hasta el 2021. Y mucho me temo las cifras reales no nos van a gustar nada.
