Quedan disueltos el Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro, el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios y el Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativos de Crédito. Sus patrimonios quedan integrados en el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito que se subroga en todos los derechos y obligaciones de los anteriores.
Para Saber más: http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/15/pdfs/BOE-A-2011-16173.pdf
Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal.
Se adoptan nuevas medidas tributarias para reforzar los ingresos públicos. Como complemento de otras ya adoptadas y por aplicación del principio de equidad, se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, “de tal manera que quienes más tienen contribuyan en mayor medida a la salida de la crisis reforzando el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria asumidos por España.”
Este impuesto establecido por la Ley 19/1991, de 6 de junio, se exigió hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, que sin derogarlo, eliminó la obligación efectiva de contribuir por el mismo, lo que hacía previsible su restablecimiento.
Persigue obtener una recaudación adicional, intenta excluir del gravamen a los contribuyentes “con un patrimonio medio” y se aumenta el límite para la exención de la vivienda habitual, así como el mínimo exento que se venía aplicando en el impuesto antes de 2008. Veremos que hacen las Comunidades Autónomas ya que según reza en la exposición de motivos, se hace “sin perjuicio de las competencias normativas” de éstas.
Tiene carácter temporal ya que se contempla exclusivamente en 2011 y 2012, debiéndose presentar las consiguientes declaraciones, respectivamente, en 2012 y 2013, por lo que el devengo del impuesto se producirá el próximo 31 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012 y sigue siendo un tributo cedido a las Comunidades Autónomas.
No se introducen modificaciones sustanciales en la estructura del impuesto: se Elimina la bonificación estatal hasta ahora existente y se recuperan los elementos del tributo que fueron objeto de una eliminación técnica en ese momento; se elevan los importes de la exención parcial de la vivienda habitual y del mínimo exento, sin perder de vista que las Comunidades Autónomas ostentan amplias competencias normativas sobre este último extremo.
La adopción de la medida se hace de manera inmediata, para garantizar la obtención de ingresos en los dos próximos ejercicios.
Otro Real Decreto Ley en poquísimo tiempo ya que según el Gobierno, concurre la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución. Las modificaciones al Impuesto sobre el Patrimonio que se introducen son:
La vivienda habitual del contribuyente queda exenta de este impuesto hasta un importe máximo de 300.000 euros
Se añade un nuevo artículo 6 por el que los sujetos pasivos no residentes en territorio español estarán obligados a nombrar una persona física o jurídica con residencia en España para que les represente ante la Administración tributaria en relación con sus obligaciones por este impuesto, cuando operen por mediación de un establecimiento permanente o cuando por la cuantía y características del patrimonio del sujeto pasivo situado en territorio español, así lo requiera la Administración tributaria, y a comunicar dicho nombramiento, debidamente acreditado, antes del fin del plazo de declaración del impuesto. El incumplimiento de esta obligación constituirá una infracción tributaria grave y la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 1.000 euros que se incrementará en un 100 por ciento si se produce la comisión repetida de infracciones tributarias.
Se establece la responsabilidad solidaria del ingreso de la deuda del depositario o gestor de los bienes o derechos de los no residentes cuya gestión tenga encomendada.
En cuanto a la Base liquidable ésta se reducirá en concepto de mínimo exento en el importe que apruebe cada Comunidad Autónoma, y si éstas no aprueban tal reducción del mínimo exento mencionado, la base imponible se reducirá en 700.000 euros. Este mínimo exento también se aplica a No Residentes sometidos a obligación real de contribuir.
Bonificación de la cuota en Ceuta y Melilla: 75% de bonificación en la cuota para los bienes situados o que deban ejercitarse o cumplirse en Ceuta y Melilla y sus dependencias.
La anterior bonificación no será de aplicación a los no residentes en dichas ciudades, salvo por lo que se refiera a valores representativos del capital social de entidades jurídicas domiciliadas y con objeto social en las citadas ciudades o cuando se trate de establecimientos permanentes situados en las mismas.
Las Comunidades Autónomas podrán establecer deducciones compatibles con las del Estado.
Al igual que antes, los sujetos pasivos están obligados a presentar declaración, a practicar autoliquidación y, en su caso, a ingresar la deuda tributaria en el lugar, forma y plazos que se determinen por el titular del Ministerio de Economía y Hacienda y el pago se puede hacer mediante entrega de bienes integrantes del patrimonio histórico español que estén inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles o en el Registro General de Bienes de Interés Cultural.
Están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedan les resulte cuota a ingresar.
Si no sale cuota a ingresar, estarán igualmente obligados los sujetos pasivos de este impuesto cuando el valor de sus bienes o derechos determinado por las normas del impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.
Para dejar las cosas en su sitio, y puesto que se restablece este impuesto con carácter temporal, se establece con efectos desde 1 de enero de 2013 una bonificación del 100 por ciento, por lo que el impuesto sigue vivo pero no se recauda al igual que se hacía hasta ahora.
Se derogan los artículos 6, 36, 37 y 38.
Ha entrado en vigor el 17 de septiembre de 2011.
Con fecha 12 de agosto de 2011 ha sido inscrito en el Registro de Bancos y Banqueros, Nuevo Micro Bank, S.A., con el número de codificación 0133, N.I.F.: A65619421 y domicilio social en calle Juan Gris, números 20-26, planta 10, 08014 Barcelona.
Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011.
Modificación en el régimen legal del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004.
PAGOS FRACCIONADOS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: Las medidas tienen carácter temporal y sólo afectan a las empresas más grandes en cuanto a volumen de facturación. Con efectos exclusivamente para los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2011, 2012 y 2013, se introducen las siguientes modificaciones:
(Título II, Artículo 9) En sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, no haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2011, 2012 ó 2013, según corresponda, el resultado de multiplicar por cinco séptimos el tipo de gravamen redondeado por defecto.
Ejemplo: Para una sociedad cuyo volumen de operaciones de los doce meses anteriores no haya superado los 6.010.121,04 euros y que tribute al 25% en dicho impuesto, los pagos fraccionados a realizar en Octubre, Diciembre y Abril serán el 18% de la cuenta de resultados acumulada siempre que hayan optado por esta opción.
5/7 = 0,71
0,71 x 25% = 17,75
Redondeado = 18%
Tratándose de sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2011, 2012 ó 2013 se aplicará el resultado de multiplicar por cinco séptimos el tipo de gravamen redondeado por defecto, cuando en esos doce meses el importe neto de la cifra de negocios sea inferior a veinte millones de euros. Ello quiere decir que si no se supera la cifra de veinte millones de euros, y la cuota del Impuesto sobre Sociedades se mantiene en el 25% los pagos fraccionados serán del 18%, pero si por dicho volumen de operaciones la sociedad no tributa como PYME y el tipo del impuesto aplicable es del 30%, los pagos fraccionados se harán al 21%:
5/7 = 0,71
0,71 x 30% = 21,42%
Redondeado por defecto = 21%
Si el volumen de operaciones de los doce meses anteriores es de al menos veinte millones de euros pero inferior a sesenta millones de euros, se aplicará el resultado de multiplicar por ocho décimos el tipo de gravamen redondeado por defecto:
8/10 = 0,80
0,80 x 30% = 24%
Si el volumen de negocios de los doce meses anteriores es al menos de sesenta millones de euros, el resultado de multiplicar por nueve décimos el tipo de gravamen redondeado por defecto:
9/10 = 0,90
0,90 x 30% = 27%
Estarán obligados a aplicar la modalidad a que se refiere el apartado 3 del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2011, 2012 ó 2013.
Lo establecido en este apartado no será de aplicación a los pagos fraccionados cuyo plazo de declaración haya vencido a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
Con estas medidas lo que se consigue es recaudar anticipadamente un mayor importe a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, pero se aplica solo a grandes empresas que ahora se clasifican con ingresos iguales a veinte millones de euros y no superiores a sesenta millones, y a las que tienen un volumen superior a sesenta millones de euros.
En cuanto a la COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES se establecen límites de aplicación temporal ampliándose de quince a dieciocho años:
Para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, haya superado la cantidad de veinte millones de euros y sea inferior a sesenta, durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2011, 2012 ó 2013, la compensación de bases imponibles negativas está limitada al 75 por ciento de la base imponible previa a dicha compensación, cuando en esos doce meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos veinte millones de euros pero inferior a sesenta millones de euros.
La compensación de bases imponibles negativas está limitada al 50 por ciento de la base imponible previa a dicha compensación, cuando en esos doce meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos sesenta millones de euros. La deducción de la diferencia a que se refiere el apartado 5 del artículo 12 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que se deduzca de la base imponible en los períodos impositivos iniciados dentro del año 2011, 2012 ó 2013, está sujeta al límite anual máximo de la centésima parte de su importe.
AMPLIACIÓN TEMPORAL DEL PLAZO CON DERECHO A COMPENSACIÓN DE QUINCE A DIECIOCHO AÑOS
Se amplía a dieciocho años el plazo para compensar las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación que podrán ser compensadas con las rentas positivas de los períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.
Será también de aplicación a las bases imponibles negativas que estuviesen pendientes de compensar al inicio del primer período impositivo que hubiera comenzado a partir de 1 de enero de 2012.
REDUCCIÓN DEL IVA EN LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS Y DE PRIMERA TRANSMISIÓN AUNQUE NO SE TRATE DE VIVIENDA HABITUAL
IVA Se adopta en la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto Ley una medida de carácter temporal que está encaminada a ofrecer ventajas fiscales a la adquisición de viviendas pero solo desde la entrada en vigor (20 de agosto de 2011) hasta el 31 de diciembre de 2.011 reduciéndose el tipo impositivo aplicable del 8% al 4% para la adquisición de viviendas. Esta reducción es temporal Y como hemos dicho tiene una vigencia exclusiva hasta el 31 de diciembre del año en curso (2011) y se aplica exclusivamente a las entregas de inmuebles destinados a vivienda, por lo que quedan excluidos los locales y los alquileres. La vivienda ha de ser nueva o de primera transmisión. Es importante destacar que el tipo del 4% se aplicará a todo tipo de viviendas, siempre que sea nueva o primera transmisión.
Es decir que se aplica tanto a la vivienda cuyo destino sea vivienda habitual o a la segunda o ulterior, y a las plazas de aparcamiento con un máximo de dos y a cualquier otro anexo de dicha vivienda que se transmita conjuntamente.
Debe entenderse aplicable también el tipo del 4% a las ejecuciones de obra por construcción o rehabilitación en los términos del art. 8.2.1 LIVA, que establece que se considerarán entregas de bienes “Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una edificación, en el sentido del artículo 6 de esta Ley, cuando el empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados, siempre que el coste de los mismos exceda del 33 % de la base imponible” (Redacción según RDL 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo).
En los supuestos de arrendamientos con opción de compra:
“También se considerarán entregas de bienes: (…)
5º. Las cesiones de bienes en virtud de contratos de arrendamiento-venta y asimilados. A efectos de este Impuesto, se asimilarán a los contratos de arrendamiento-venta los de arrendamiento con opción de compra desde el momento en que el arrendatario se comprometa a ejercitar dicha opción y, en general, los de arrendamiento de bienes con cláusula de transferencia de la propiedad vinculante para ambas partes.” (art. 8.2.5 LIVA)
Es una medida de política fiscal que persigue obtener efectos hasta el 31 de diciembre de 2011, y por tanto sin vocación de permanencia en los tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Es muy importante tener claro que a los efectos de la Ley del IVA, son obras de rehabilitación de edificaciones las que reúnan los siguientes requisitos:
1. Que su objeto principal sea la reconstrucción de las mismas, entendiéndose cumplido este requisito cuando más del 50 % del coste total del proyecto de rehabilitación se corresponda con obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas o con obras análogas o conexas a las de rehabilitación.
2. Que el coste total de las obras a que se refiera el proyecto exceda del 25 % del precio de adquisición de la edificación si se hubiese efectuado aquélla durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la edificación o parte de la misma en el momento de dicho inicio.
A estos efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de la edificación la parte proporcional correspondiente al suelo. Se considerarán obras análogas a las de rehabilitación las siguientes:
a. Las de adecuación estructural que proporcionen a la edificación condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica.
b. Las de refuerzo o adecuación de la cimentación así como las que afecten o consistan en el tratamiento de pilares o forjados. c. Las de ampliación de la superficie construida, sobre y bajo rasante. d. Las de reconstrucción de fachadas y patios interiores. e. Las de instalación de elementos elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras arquitectónicas para su uso por discapacitados. Se considerarán obras conexas a las de rehabilitación las que se citan a continuación cuando su coste total sea inferior al derivado de las obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas y, en su caso, de las obras análogas a éstas, siempre que estén vinculadas a ellas de forma indisociable y no consistan en el mero acabado u ornato de la edificación ni en el simple mantenimiento o pintura de la fachada: a. Las obras de albañilería, fontanería y carpintería. b. Las destinadas a la mejora y adecuación de cerramientos, instalaciones eléctricas, agua y climatización y protección contra incendios.
c. Las obras de rehabilitación energética. Se considerarán obras de rehabilitación energética las destinadas a la mejora del comportamiento energético de las edificaciones reduciendo su demanda energética, al aumento del rendimiento de los sistemas e instalaciones térmicas o a la incorporación de equipos que utilicen fuentes de energía renovables.
DISCLAIMER: Esta nota se hace a efectos informativos por lo que para la aplicación del contenido de la misma a autoliquidaciones de impuestos deberá estarse a lo publicado en el BOE, siendo siempre aconsejable consultar a un asesor fiscal sobre su aplicación al caso concreto.
La Ley, publicada en el BOE de 2 de agosto de 2011, reduce el coste de organización y funcionamiento de las sociedades de capital y moderniza el derecho de esta clase de sociedades. También suprime algunas de las más injustificadas diferencias entre el régimen de las sociedades anónimas y el de las sociedades de responsabilidad limitada e incorpora a la legislación interna el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas por transposición de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de julio.
La reducción de costes se consigue mediante la eliminación de algunos requisitos de publicidad en prensa, oficial o privada, siendo las medidas más significativas la forma de convocatoria de la junta general de socios, generalizando para las sociedades anónimas el régimen vigente para las sociedades de responsabilidad limitada, suprimiéndose el carácter obligatorio de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en un diario de los de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social, con las dos únicas excepciones de que las acciones emitidas sean al portador o de que se trate de una sociedad cotizada.
También se deroga la exigencia legal de que determinados acuerdos de modificación de los estatutos sociales tengan que anunciarse en periódicos como requisito necesario para la inscripción de esa modificación en el Registro Mercantil: se suprime la exigencia de que la disolución de la sociedad anónima se publique en uno de los diarios de mayor circulación en el lugar del domicilio social y también se elimina la obligación de la publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil», durante el período de liquidación de la sociedad anónima, del denominado estado anual de cuentas.
Al igual que en las sociedades de responsabilidad limitada se admite que en los estatutos de las sociedades anónimas, en lugar de una rígida estructura del órgano de administración, puedan establecerse dos o más modos de organización, facilitando así que, sin necesidad de modificar esos estatutos, la junta general de accionistas pueda optar sucesivamente por aquel que considere preferible, lo que supone un ahorro de costes del que hasta ahora sólo se beneficiaban las sociedades de responsabilidad limitada.
Importantes las dos medidas en materia de cuentas anuales que vienen a reducir el coste de su depósito, facilitando el grado de cumplimiento de esta obligación: Se elimina el requisito reglamentario de que la firma de los administradores tenga que ser objeto de legalización y se suprime la publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» del anuncio de las sociedades que hubieran cumplido con esa obligación de depósito, ya que las facilidades de acceso al Registro Mercantil por Internet hacen que dicha obligación ya no sea necesaria.
Basándose en “la crisis” y teniendo en cuenta la situación específica del mercado inmobiliario en España, reconoce que se plantean situaciones de especial dificultad para quienes contrajeron estos préstamos hipotecarios, y la imposibilidad de satisfacer sus obligaciones de pago por parte de la mayoría de estos deudores. Por ello y frente a esta situación, el Gobierno ha adoptado medidas adicionales de protección para las familias con menores ingresos, así como las reformas necesarias para garantizar que las ejecuciones hipotecarias se realizan sin dar lugar a situaciones abusivas o de malbaratamiento de los bienes afectados, según se explica en la exposición de motivos donde se aclara que se mantiene plenamente y, sin embargo, los elementos fundamentales de garantía de los préstamos y, con ellos, de la seguridad y solvencia de nuestro sistema hipotecario.
“La situación de determinados deudores hipotecarios requiere de acciones inmediatas para garantizar que se protegen adecuadamente sus derechos y, simultáneamente, evitar cualquier elemento de incerteza en la regulación de la ejecución hipotecaria.”
¿Cuáles son las fórmulas para conseguirlo?
La publicación del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, que contiene un conjunto de medidas vinculadas a la protección de los deudores hipotecarios, el control del gasto público y la garantía de pago de las obligaciones contraídas por las administraciones públicas, el impulso de la actividad empresarial, el desarrollo de las actuaciones de rehabilitación, el incremento de la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y la eliminación de obstáculos injustificados derivados de la actividad administrativa. Con ellas se da también cumplimiento a diversas resoluciones adoptadas por el Congreso de los Diputados con ocasión del debate sobre política general celebrado los pasados días 28 a 30.
Situación de los deudores hipotecarios
Inembargabilidad de ingresos mínimos familiares
Cuando conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado, en la ejecución forzosa posterior basada en la misma deuda, la cantidad inembargable establecida en el artículo 607.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se incrementará en un 50 por ciento y además en otro 30 por ciento del salario mínimo interprofesional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario o pensión superiores al salario mínimo interprofesional. A estos efectos, se entiende por núcleo familiar, el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes y descendientes de primer grado que convivan con el ejecutado.
Solamente podrán ser embargados los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional y, en su caso, a las cuantías que resulten de aplicar la regla para la protección del núcleo familiar prevista en el apartado anterior, se embargarán conforme a la escala prevista en el artículo 607.2 de la misma ley.
Subastas de bienes inmuebles
Se modifica la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil quedando redactado el artículo 669 como sigue:
«1. Para tomar parte en la subasta los postores deberán depositar, previamente, el 20 por ciento del valor que se haya dado a los bienes con arreglo a lo establecido en el artículo 666 de esta Ley. El depósito se efectuará conforme a lo dispuesto en el número 3.º del apartado 1 del artículo 647.»
Dos. El segundo párrafo del apartado 4 del artículo 670 queda redactado como sigue:
«Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecutado realice lo previsto en el párrafo anterior, el ejecutante podrá, en el plazo de cinco días, pedir la adjudicación del inmueble por el 70 % de dicho valor o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior al sesenta por ciento de su valor de tasación y a la mejor postura.»
Tres. El artículo 671 queda modificado como sigue:
«Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por cantidad igual o superior al sesenta por ciento de su valor de tasación.
Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esa facultad, el Secretario judicial procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado.»
MARBELLA.- El Ayuntamiento de Marbella informa de que la delegada de Cultura y Enseñanza, Carmen Díaz, asistió a finales de la semana pasada a la reunión que tuvo lugar en el Colegio Bocanegra para la puesta en marcha de la Universidad del País de Gales (EADE) en Marbella.
El acto de Validación de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresa por parte de la Junta de Validación es el requisito definitivo para el comienzo de estos estudios de la Universidad del País de Gales (EADE) en la localidad.
Al acto también asistieron el secretario general de EADE, Gabriel Arrabal, y el cuadro de profesores de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas (BBA) de Marbella.
Otra mala noticia para los concesionarios de automóviles. De esta forma será difícil que puedan recuperarse de los duros golpes que vienen recibiendo por la crisis, la subida de los carburantes, la subida del IVA, las normas sobre competencia… ¿Hasta cuándo podrán continuar manteniendo su nivel de empleo y su capacidad económica?
Un acuerdo débil para el automóvil en CincoDías.com.
