Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal.
Se adoptan nuevas medidas tributarias para reforzar los ingresos públicos. Como complemento de otras ya adoptadas y por aplicación del principio de equidad, se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, “de tal manera que quienes más tienen contribuyan en mayor medida a la salida de la crisis reforzando el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria asumidos por España.”
Este impuesto establecido por la Ley 19/1991, de 6 de junio, se exigió hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, que sin derogarlo, eliminó la obligación efectiva de contribuir por el mismo, lo que hacía previsible su restablecimiento.
Persigue obtener una recaudación adicional, intenta excluir del gravamen a los contribuyentes “con un patrimonio medio” y se aumenta el límite para la exención de la vivienda habitual, así como el mínimo exento que se venía aplicando en el impuesto antes de 2008. Veremos que hacen las Comunidades Autónomas ya que según reza en la exposición de motivos, se hace “sin perjuicio de las competencias normativas” de éstas.
Tiene carácter temporal ya que se contempla exclusivamente en 2011 y 2012, debiéndose presentar las consiguientes declaraciones, respectivamente, en 2012 y 2013, por lo que el devengo del impuesto se producirá el próximo 31 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012 y sigue siendo un tributo cedido a las Comunidades Autónomas.
No se introducen modificaciones sustanciales en la estructura del impuesto: se Elimina la bonificación estatal hasta ahora existente y se recuperan los elementos del tributo que fueron objeto de una eliminación técnica en ese momento; se elevan los importes de la exención parcial de la vivienda habitual y del mínimo exento, sin perder de vista que las Comunidades Autónomas ostentan amplias competencias normativas sobre este último extremo.
La adopción de la medida se hace de manera inmediata, para garantizar la obtención de ingresos en los dos próximos ejercicios.
Otro Real Decreto Ley en poquísimo tiempo ya que según el Gobierno, concurre la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución. Las modificaciones al Impuesto sobre el Patrimonio que se introducen son:
La vivienda habitual del contribuyente queda exenta de este impuesto hasta un importe máximo de 300.000 euros
Se añade un nuevo artículo 6 por el que los sujetos pasivos no residentes en territorio español estarán obligados a nombrar una persona física o jurídica con residencia en España para que les represente ante la Administración tributaria en relación con sus obligaciones por este impuesto, cuando operen por mediación de un establecimiento permanente o cuando por la cuantía y características del patrimonio del sujeto pasivo situado en territorio español, así lo requiera la Administración tributaria, y a comunicar dicho nombramiento, debidamente acreditado, antes del fin del plazo de declaración del impuesto. El incumplimiento de esta obligación constituirá una infracción tributaria grave y la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 1.000 euros que se incrementará en un 100 por ciento si se produce la comisión repetida de infracciones tributarias.
Se establece la responsabilidad solidaria del ingreso de la deuda del depositario o gestor de los bienes o derechos de los no residentes cuya gestión tenga encomendada.
En cuanto a la Base liquidable ésta se reducirá en concepto de mínimo exento en el importe que apruebe cada Comunidad Autónoma, y si éstas no aprueban tal reducción del mínimo exento mencionado, la base imponible se reducirá en 700.000 euros. Este mínimo exento también se aplica a No Residentes sometidos a obligación real de contribuir.
Bonificación de la cuota en Ceuta y Melilla: 75% de bonificación en la cuota para los bienes situados o que deban ejercitarse o cumplirse en Ceuta y Melilla y sus dependencias.
La anterior bonificación no será de aplicación a los no residentes en dichas ciudades, salvo por lo que se refiera a valores representativos del capital social de entidades jurídicas domiciliadas y con objeto social en las citadas ciudades o cuando se trate de establecimientos permanentes situados en las mismas.
Las Comunidades Autónomas podrán establecer deducciones compatibles con las del Estado.
Al igual que antes, los sujetos pasivos están obligados a presentar declaración, a practicar autoliquidación y, en su caso, a ingresar la deuda tributaria en el lugar, forma y plazos que se determinen por el titular del Ministerio de Economía y Hacienda y el pago se puede hacer mediante entrega de bienes integrantes del patrimonio histórico español que estén inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles o en el Registro General de Bienes de Interés Cultural.
Están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedan les resulte cuota a ingresar.
Si no sale cuota a ingresar, estarán igualmente obligados los sujetos pasivos de este impuesto cuando el valor de sus bienes o derechos determinado por las normas del impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.
Para dejar las cosas en su sitio, y puesto que se restablece este impuesto con carácter temporal, se establece con efectos desde 1 de enero de 2013 una bonificación del 100 por ciento, por lo que el impuesto sigue vivo pero no se recauda al igual que se hacía hasta ahora.
Se derogan los artículos 6, 36, 37 y 38.
Ha entrado en vigor el 17 de septiembre de 2011.
